Al igual que la administración de Iván Duque, la de Gustavo Petro no ha decidido si prohíbe o regula la operación de aplicaciones de transporte en Colombia. El Gobierno Nacional se mantiene a la espera de que el Congreso tome una decisión y, mientras tanto, parece congraciarse con los taxistas.
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Resulta que este martes 14 de mayo, el gremio de taxistas en Bogotá llevó a cabo una nueva jornada de paro para reclamar por la operación de las plataformas de transporte tales como Uber, DiDi y Cabify, las cuales, según ellos, son ilegales.
Ante ese panorama, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que inició investigaciones contra las empresas que prestan servicio de transporte a través de aplicaciones. El objetivo es analizar presuntas infracciones al régimen de libre y leal competencia.
En el pliego presentado por la SIC se detalla que la investigación no abordará si estas aplicaciones prestan o no un servicio de transporte, sino determinar si a partir de su actuar tuvieron ventajas competitivas en comparación a otros servidores de transporte público.
¿Por qué son los cargos a Uber, Didi y Cabify en Colombia?
- El cálculo de tarifas.
- La administración del sistema de recaudo.
- La fijación de la comisión de la plataforma.
- La determinación de los ingresos de los conductores.
Si se comprueban los cargos a Uber, DiDi y Cabify se impondrá, a cada persona jurídica, multas hasta de 100.000 SMLMV (unos 130.000 millones de pesos).
Investigación de la SIC podría afectar a conductores de aplicaciones
Esta investigación del Gobierno Petro tiene con los pelos de punta a más de 100.000 conductores en Colombia, los cuales se dedican a prestar servicios de transporte, de acuerdo con el gremio de aplicaciones Alianza In.
De esa cifra, según un estudio de Fedesarrollo, el 44 % ha dicho que quedaría completamente desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y solo el 14 % cree que podría acceder a un empleo formal, si el Gobierno Nacional toma medidas en contra de ese gremio.
En ese orden de ideas, el resultado de la investigación y las posibles medidas que puedan tomar las aplicaciones si fueran multadas podrían impactar directamente en la generación de empleos en el sector.
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