En la noche de este lunes 5 de mayo, Gustavo Petro interrumpió la programación de canales privados para dar una alocución presidencial donde habló de la actual situación de seguridad del país y hasta reconoció logro en gobierno de Álvaro Uribe.
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Una fuerte controversia se desató esta semana en el Congreso de la República luego de que la representante a la Cámara, Katherine Miranda, lanzara una acusación directa contra el presidente Gustavo Petro.
Desde su cuenta de X, la congresista señaló que el mandatario estaría “mintiendo en cadena nacional” al presentar cifras alteradas sobre los homicidios en el país, supuestamente con el objetivo de mostrar una disminución en los índices de criminalidad que no se ajusta a la realidad.
Miranda, quien pertenece a la bancada del partido Alianza Verde, comparó datos publicados por Medicina Legal con los reportes del Ministerio de Justicia y del propio presidente Petro.
Según explicó, las cifras oficiales no reflejan fielmente la magnitud de los hechos violentos registrados durante el último año. En 2023, por ejemplo, Medicina Legal reportó 14.033 homicidios, mientras que el gobierno nacional, a través de sus canales oficiales, sólo reconoció 11.031 casos. La diferencia de 3.000 muertes encendió las alarmas.
“La diferencia no es menor, es gravísima. Estamos hablando de miles de personas fallecidas que no aparecen en los registros del gobierno”, advirtió la congresista desde el recinto legislativo. Para Miranda, este tipo de omisiones afecta no solo la transparencia institucional, sino también la formulación de políticas públicas en materia de seguridad.
Qué dijo Petro sobre la seguridad en Colombia
Según el mandatario, su administración ha optado por clasificar los homicidios de forma más precisa, separando los que son producto de violencia intencional —como asesinatos y crímenes organizados— de los que derivan de otras causas como accidentes, suicidios o hechos no esclarecidos.
“Los homicidios intencionales han venido bajando desde 1993. Hoy tenemos una de las tasas más bajas de las últimas décadas”, afirmó Petro durante una reciente intervención, aludiendo al análisis hecho por su equipo. También explicó que el conteo del gobierno se centra en los homicidios dolosos, es decir, aquellos que implican una clara intención de matar, lo que excluye otras muertes que Medicina Legal sí incorpora en su total.
La Casa de Nariño sostiene que esta metodología busca mejorar la comprensión de los fenómenos delictivos y adoptar decisiones más ajustadas a la realidad territorial. Sin embargo, para muchos sectores políticos y ciudadanos, el uso de diferentes estándares estadísticos sin una explicación clara puede prestarse para ocultar o minimizar los problemas de violencia.
Qué pasa con la seguridad en Colombia
Las afirmaciones de Miranda no han pasado desapercibidas en el panorama nacional. Mientras algunos sectores respaldan su posición y exigen mayor transparencia por parte del Ejecutivo, otros señalan que sus declaraciones podrían tener un tinte político, especialmente de cara a las elecciones regionales y el desgaste natural del gobierno frente a la opinión pública.
Lo cierto es que el cruce de versiones refleja una tensión persistente en Colombia: la discrepancia entre las cifras oficiales y las percepciones ciudadanas en torno a la inseguridad.
Aunque el gobierno insista en que los homicidios han disminuido, muchas comunidades en regiones como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y el Catatumbo reportan un recrudecimiento de la violencia, con enfrentamientos entre grupos armados, masacres y desplazamientos forzados.
Expertos en seguridad también advierten que la consolidación de estrategias contra el crimen requiere una base de datos coherente y confiable. Las estadísticas no solo son indicadores de gestión, sino herramientas fundamentales para focalizar recursos, entender dinámicas territoriales y prevenir nuevas amenazas.
Miranda, por su parte, ha reiterado que su objetivo no es atacar al presidente personalmente, sino exigir responsabilidad institucional. “No se puede hablar de paz total mientras se esconden los muertos. No se puede avanzar como país si negamos la magnitud de nuestra violencia interna”, dijo la representante en declaraciones a medios de comunicación.
Aunque el gobierno aún no ha entregado una revisión detallada que responda a cada punto planteado por la congresista, se espera que en las próximas semanas se publique un informe consolidado con los datos completos de homicidios del primer semestre de 2024. Además, organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría podrían intervenir para solicitar aclaraciones oficiales.
La polémica, más allá de lo coyuntural, abre una discusión de fondo sobre la necesidad de depurar las estadísticas en Colombia y evitar cualquier intento de manipulación, voluntaria o no, que afecte la credibilidad de las instituciones y la memoria de las víctimas. En un país donde la violencia sigue presente, cada cifra representa una historia, una familia, una comunidad que reclama verdad.
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